El Pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado una proposición para defender la unidad de España y la Constitución con los apoyos del PP, PSOE y Ciudadanos.
La proposición, presentada por el grupo parlamentario popular, ha salido adelante tras aceptar una transaccional del PSOE de una moción presentada el año pasado y mantener dos de los seis puntos de la proposición inicial acordados con el PP relativos a la defensa de la monarquía parlamentaria y del español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las comunidades autónomas.
El texto transaccional del PSOE toledano apuesta por defender la unidad de España, la Constitución y la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u otra circunstancia, así como utilizar los medios constitucionales previstos en la Carta Magna para garantizar su defensa.
El portavoz del grupo parlamentario popular, Jesús Labrador, ha reivindicado los consensos alcanzados durante la Transición frente a aquellos que los cuestionan “para instaurar otro modelo inspirado en regímenes dictatoriales como el venezolano”.
Labrador ha reprochado la actitud de los que se basan “en una interpretación falsaria de la historia y en un inexistente derecho de autodeterminación” para “incumplir la ley y organizar un referéndum para dividir a los españoles”, una situación que, en su opinión, merece una respuesta “firme y pacífica” en aras de defender la Constitución.
República federal
Por su parte, el portavoz de Ganemos, Javier Mateo, ha tachado la proposición del PP como una muestra más de “patrioterismo barato” y una “demostración palmaria” de la “competencia feroz” entre el PP, Ciudadanos y Vox.
Ha calificado la transición como un período de la historia de España con luces y sombras y ha apostado por una república federal como solución para resolver el conflicto territorial en España frente a una monarquía “anacrónica”.
El vicealcalde de la capital castellanomanchega, José Pablo Sabrido, ha defendido la Constitución de 1978 al permitir “los cuarenta años de mayor prosperidad en España”, pero se ha preguntado si esa moción es una excusa del PP para evitar abordar otros temas.
Al hilo de esta idea, ha criticado que haya dirigentes del Partido Popular que quieran combatir al oponente hablando de raza o religión, extremos que protege la Carta Magna al preservar “la igualdad entre todos los españoles”.
Entretanto, la concejala de Ciudadanos, Isabel Martín de Eugenio, ha defendido la transición como un hecho histórico sin el cual no se entiende la actual democracia y ha reprochado al PP que defienda los principios de justicia e igualdad reconocidos en el texto constitucional cuando el PP y el PSOE negocian el “reparto de sillones y cotas de poder” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se enfrentan a casos de corrupción.
Violencia machista
Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad la moción presentada por Ciudadanos para exigir al Gobierno autonómico medidas preventivas contra la adicción a los juegos y apuestas de azar.
Igualmente, han sido rechazadas una moción del PP sobre las obras en el barrio de Santa Teresa, otra de Ciudadanos para desarrollar una semana dedicada al pequeño comercio en Toledo y dos de Ganemos, una para instar al Gobierno a modificar el Real Decreto Ley sobre las hipotecas y otra para reclamar al Ejecutivo central poner fin a la venta de armas a la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí que opera en el conflicto armado de Yemen.
Todos los grupos han aprobado la declaración institucional en contra de la violencia machista en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En otro orden de cosas, el Pleno ha abordado la propuesta de incorporación de las consideraciones indicadas en los informes de los servicios de planeamiento y de patrimonio de la Dirección General de Urbanismo y de las observaciones del acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo a la Modificación Puntual 28 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, vigente en la capital tras la anulación judicial del planeamiento urbanístico de 2007.
