El Gobierno regional ha abonado a los empleados públicos de Castilla-La Mancha en la nómina del mes de octubre el incremento retributivo correspondiente al ejercicio 2018, que asciende al 1,75 por ciento.
Tal como se recoge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, el abono de este 1,75 por ciento corresponde a un incremento retributivo del 1,50 por ciento, con efectos desde el 1 de enero de este año, más un 0,25 por ciento, en este caso, con efectos a 1 de julio.
El incremento retributivo que han recibido los empleados públicos en la nómina del pasado mes, es el máximo autorizado en materia de retribuciones por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que entró en vigor el pasado mes de julio. Así también se hizo en los ejercicios 2016 y 2017, cuando los empleados públicos percibieron el máximo incremento retributivo permitido por la legislación estatal.
Además, los más de 70.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, están percibiendo desde el pasado mes de enero el 1,5 por ciento correspondiente a la recuperación de las retribuciones que les fueron suprimidas en 2012, siendo Castilla-La Mancha la única comunidad autónoma que aplicó este recorte.
Medidas
Con este 1,5 por ciento los empleados públicos de Castilla-La Mancha recuperaban la totalidad de la merma retributiva que les fue aplicada en 2012 y que ascendía a un 3 por ciento, ya que el primer 1,5 por ciento lo empezaron a percibir en octubre de 2017.
Tal como se pactó con los sindicatos en el acuerdo en febrero de 2016, a los empleados públicos se les abonará un 0,5 por ciento adicional en 2019.
Desde julio de 2015, el Gobierno de Emiliano García-Page ha puesto en marcha numerosas medidas para recuperar las condiciones laborales y retributivas que les fueron arrebatadas a los empleados públicos durante la pasada legislatura, como la devolución de la totalidad de la paga extraordinaria que les fue suprimida en 2012.
Tanto la recuperación de las retribuciones que les fueron suprimidas en 2012 como la de la paga extraordinaria que dejaron de percibir también ese mismo año eran dos de los puntos incluidos en el acuerdo que el Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos alcanzaron en febrero de 2016 para recuperar las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos.
