Numerosos recortes, “irregularidades” contables, adjudicaciones “sin criterio”, ampliaciones de crédito sin justificar y “sistemático” incumplimiento del objetivo de déficit son algunas de las conclusiones que se han puesto en evidencia en la Comisión de Economía de las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la cuentas generales de la comunidad autónoma durante los años 2013, 2014 y 2015, los últimos en los que gobernó el PP con María Dolores de Cospedal al frente.
Así lo reflejan las tres propuestas de resolución, una por cada ejercicio, que han aprobado conjuntamente PSOE y Podemos y que todavía deben recibir luz verde del pleno. Desde el PP se han limitado a defender su gestión quitando importancia a las conclusiones del Tribunal de Cuentas y argumentando que solamente reseña “diferencias de criterio” en cuanto a la contabilidad.
Según las resoluciones aprobadas por PSOE y Podemos, el informe del Tribunal de Cuentas, evidencia en 2013, en cuanto a gastos no financieros, un déficit de 839 millones de euros, y un 3,4% de recorte en reducción de personal respecto a 2012(2.268 empleados públicos menos). En la resolución se establece que pese a ello, se incumplió “de una forma desmesurada” el objetivo de déficit, alcanzando el 2,09% del PIB regional cuando lo marcado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas era el 1,3%. Se incumplió asimismo el objetivo de deuda al situarse en el 30,7% del PIB y con ello la estabilidad presupuestaria.
En cuanto al año 2014, las resoluciones apuntan que el Ministerio Fiscal aprecia “responsabilidad contable” con respecto al informe del Tribunal de Cuentas, por superación de los límites de gasto de personal en diversas empresas públicas y fundaciones.
Otros ejercicios
Finalmente, en cuanto al ejercicio de 2015 -año electoral-, el informe se verificó sin la rendición de cuentas por todas las entidades que componen el sector público de la comunidad autónoma. Asimismo, el SESCAM incorporó gastos por 66 millones de euros realizados con anterioridad al año 2015 que fueron imputados al presupuesto del mismo, mientras otros 42 del ejercicio 2015 quedaron pendientes de imputación. Y por lo que se refiere al grado de cumplimiento del objetivo de déficit, este fue de 597 millones de euros, lo que supone un 1,59% del PIB, muy por encima del 0,7% fijado por el Gobierno central.
En las resoluciones aprobadas, se destaca que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha tuvo que hacer frente ese año al pago de 197 millones de euros derivados de sentencias judiciales por operaciones realizadas entre los años 2011 a 2014. Indica que en anteriores resoluciones de la Cuenta General se han puesto de manifiesto “diversas irregularidades y anomalías, algunas con implicaciones jurídicas, en las que incurrieron los anteriores responsables del Gobierno regional”.
Entre ellas destacan la “falta de rigor en la presupuestación correcta de los créditos iniciales, las abultadas modificaciones de crédito y una deuda creciente que pasó de los 6.965 millones en 2011 a los 13.426 millones en el año 2015”.
