Desde el 9 de febrero, cuando se cumplieron los seis meses desde que se publicó la convocatoria, Talavera de la Reina tiene denegado oficialmente el 1,5 por ciento Cultural para sus dos proyectos de conservación y rehabilitación de patrimonio histórico, la muralla de El Salvador y Entretorres.
Desde que a principios de enero se conociera la resolución provisional con la lista de los municipios beneficiarios, el Ayuntamiento de Talavera espera una comunicación oficial al respecto, algo que no se producirá puesto que la Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, contempla como respuesta el silencio administrativo para darse por enterado el interesado de la denegación, como ha recordado en sesión plenaria el concejal del Grupo Municipal Socialista, Carlos Gil.
Gil ha aprovechado el turno de ruegos y preguntas en el Pleno ordinario del mes de febrero celebrado este jueves para intentar conocer por boca del equipo de gobierno cómo estaba el asunto, apostillando que “políticamente tengo la sensación que ustedes no se han movido bien”, en lo que parecía una clara alusión al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, el talaverano José Julián Gregorio, puesto que son los ministerios de Fomento y Cultura, en colaboración, los que convocan estas ayudas.
Sorprendente respuesta
Ha resultado sorprendente la contestación de la concejala de Urbanismo, María Rodríguez, al confirmar que la Comisión de Valoración, adscrita a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, había realizado un requerimiento de documentación al Ayuntamiento sobre los proyectos presentados: demostrar la titularidad de la muralla sobre la que se pedía subvención para rehabilitarla.
Al respecto, la edil, que se ha mostrado molesta por la insinuación de Gil que dudaba que hubieran leído la normativa del 1,5 por ciento Cultural anteriormente citada, ha manifestado que le parecía “ilógico” que les pidiesen esa documentación “porque antes nunca se había hecho”. Al respecto, el artículo 3.1.b) y 4.1.b) de esa orden 2014 y en los “requisitos a cumplir” queda reflejado expresamente que debe demostrase la titularidad pública del bien o del inmueble para que pueda ser susceptible de subvención.
Rodríguez ha explicado que la muralla no está inscrita en el registro de la propiedad -algo, por otra parte, normal en muchos bienes patrimoniales de muchos municipios- y que entre el archivero y el oficial mayor han tenido que elaborar un informe “justificando” que era de propiedad municipal, informe que ha sido presentado en papel y por vía telemática. En cuanto a la fecha de remisión, que la edil no ha desvelado, Gil ha apuntado durante su exposición que fue el 1 de febrero cuando en Junta de Gobierno Local y por trámite urgente se aprobó ese requerimiento de notificación. Este detalle lo apercibió la Comisión Mixta de Valoración, compuesta por cuatro vocales del Ministerio de Fomento y otros cuatro de Cultura, sin que trascendiera la fecha de la comunicación.
Dinero solicitado
El dinero contemplado en la petición es otro factor condicionante puesto que el Ayuntamiento de Talavera ha solicitado entre los dos proyectos presentados subvención por importe de 2.106.710 euros, poco más de un millón cada uno, y la resolución conocida en el mes de enero contempla una concesión a toda Castilla-La Mancha de 2.583.323 euros. Con este dinero ya adjudicado se van a ejecutar ocho proyectos de conservación y rehabilitación.
Cabe señalar también que la convocatoria nacional contempla un monto de 50.520.823, es decir, que Talavera pedía casi un 4,2 por ciento de todo lo presupuestado para España.
No dos sino tres proyectos
Aunque siempre se ha hablado de dos proyectos, la muralla de detrás de la iglesia de El Salvador, hoy centro cultural, y Entretorres, la verdad es que el primero contemplaba otro paño de muralla, en El Charcón.
La actuación en la murralla se antojaba más pertinente que Entretorres, puesto que daba continuidad a lo concedido a Talavera en anteriores concurrencias al 1,5 por ciento Cultural y podría haberse acometido el Paseo de Ronda, un anhelo y gancho interesante para el turismo, que parece o parecía haber caído en el olvido.
Otro tramo de la muralla se especulaba, a priori, susceptible de haber sido incluido en el proyecto, el de la calle Carnicerías, que el 5 de febrero de 2017 sufrió un desprendimiento y que requirió de una actuación de urgencia, destapando su deterioro.
Estos proyectos en el patrimonio defensivo de la ciudad podrían haberse presentado en solitario, una estrategia menos ambiciosa, continuista, más acorde con la posible y alta competencia en la convocatoria y en la que la muralla de Carnicerías hubiera aportado una mayor sensibilidad a la Comisión a la hora de entrar a valorar qué bienes españoles requieren una intervención de conservación y rehabilitación más urgente.
En este sentido cabe señalar que la concejala de Urbanismo, conocida la lista de adjudicatarios, dijo que responsables ministeriales les habían comunicado que los proyectos eran “buenos y solventes“, de ahí la decepción de ella y del propio alcalde de la ciudad, Jaime Ramos, quien en marzo de 2017 había pedido árnica para que en esta convocatoria Talavera fuera tenida en consideración.
Recursos
En la actualidad el Ayuntamiento de Talavera está a la espera de la publicación oficial de la resolución definitiva, la que va a recoger los municipios y proyectos aprobados y dados a conocer a principios de enero.
Difícilmente en ella pueda figurar la Ciudad de la Cerámica, salvo que alguno de esos ayuntamientos haya renunciado a la subvención por no poder hacer frente al 25 por ciento de proyecto, como obliga la convocatoria.
Cuando la lista oficial vea la luz, esa resolución pone fin a la vía administrativa, por lo que el Ayuntamiento presentará un recurso de reposición ante el Ministro de Fomento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Decimos presentará porque aunque se anunciaron reuniones en su momento, la propia Rodríguez dijo este jueves que el recurso ya estaba redactado y a la espera de presentarse tan pronto se recibiera esa resolución.
La otra opción, desestimada en principio, sería la de impugnar el fallo directamente ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio.
En ningún caso, como recoge la Orden, podrían interponerse simultáneamente ambos recursos, eso sí, a resultas del dictamen del primero si se podría seguir litigando a través del segundo.
