El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo ha anulado la creación de la Comisión de Investigación, aprobada por PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida en septiembre de 2015, para investigar si las actuaciones que el equipo de Gobierno que presidía el popular Arturo García-Tizón llevó a cabo en las viviendas que la Diputación provincial tiene en la calle Cardenal Cisneros, frente a la Catedral Primada, fueron “fraudulentas”.
El juzgado ha anulado de pleno derecho dicha comisión, “declarando sin eficacia, tanto la creación de dicha comisión de investigación, como las sesiones realizadas, el contenido de las mismas y la moción de reprobación” contra García-Tizón con la que finalizó.
Además ha condenado en costas a las partes demandadas por el que fuera presidente popular de la Institución provincial y el vicepresidente Emilio Bravo: Diputación, Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida y Grupo Ciudadanos.
“Pueden existir comisiones de investigación en el seno de la Administración local, pero la recurrida debió estar precedida de la aprobación de un Reglamento Orgánico, lo que hace nulo de pleno derecho dicha comisión”, dice la sentencia que habla de “enjuiciamiento político”.
García-Tizon ha avanzado el fallo del juzgado y tras asegurar que los condenados han recurrido dicha sentencia, ha anunciado que va a esperar a que ratificación plena de la sentencia “para exigir responsabilidades de todo orden a las personas que causaron esta acción ilegal”, a fin de “paliar, en la medida de lo posible, el daño que han provocado a su persona, a su familia y al PP”.
