Hay ocasiones, quizá demasiadas, en las que pienso que nada tiene solución y que probablemente nada de lo que hacemos merece la pena. Esta sensación me ha inundado esta semana con terrible intensidad.
El Comisario Jefe de la UDEF, Manuel Morocho ha declarado en sede parlamentaria que hay indicios de que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brei, y otros altos cargos del PP cobraron sobresueldos de la caja “B” del Partido Popular provenientes de la trama Gurtel. ¡¡¡Y aquí no ha pasado nada!!!, bueno, si que ha pasado… que seguimos con el rollo de lo de Cataluña.
Indignación es una palabra que se queda muy corta para definir la vergüenza que siento por vivir en un país en el que suceden estas cosas que no tienen ninguna consecuencia.
Analicemos los hechos de manera más pormenorizada para poder sacar todo el venenoso jugo que tiene este asunto.
Manuel Morocho es todavía Inspector Jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y había sido Comisario General de la Policía Judicial. Es decir, lo que podríamos definir como un alto funcionario especializado en delitos como los que se investigan en la trama Gurtel. La UDEF, que depende directamente de la Comisaría General de la Policía Judicial, es aquella entidad por la que preguntó extrañado el señor Jordi Pujol “¿Qué coño es eso de la UDEF?” cuando se supo que el honorable clan Pujol estaba siendo investigado por unos turbios asuntos financieros. Es decir, que dicha Unidad Policial forma un cuerpo de funcionarios especializados en la investigación de unos delitos terriblemente graves, y que se supone ha de ser lo más independiente posible de los poderes políticos.
El comisario Morocho fue Comisario General de la Policía Judicial hasta que fue cesado en 2012 tras ganar el PP las elecciones. Se le han concedido condecoraciones por su trabajo tanto en gobiernos del PP como del PSOE. En 2012, Ignacio Cosidó fue nombrado director General de la Policía. Merece la pena recordarle como diputado del PP unos meses antes de su nombramiento acusando a la cúpula policial de tramar falsas acusaciones contra dirigentes del PP. Es insultantemente bochornoso comprobar el concepto que la casta política tiene de lo que debiera ser la independencia policial y funcionarial. El nombramiento de Cosidó es un ejemplo paradigmático.
Es decir, que el comisario Morocho es un policía especializado, y con una larga trayectoria profesional que avala su capacidad. O sea, uno de esos tipos en los que la ciudadanía deberíamos confiar plenamente. Y es, precisamente esta persona, quien nada más y nada menos que en sede parlamentaria (o sea, delante de los representantes legítimos de toda la ciudadanía) dice que, entre otros, el Presidente del Gobierno “indiciariamente” ha recibido dinero negro (no declarado) de una trama presuntamente corrupta. Vamos a intentar desarrollar esta acusación en un lenguaje mucho más comprensible:
El comisario Moracho nos está diciendo desde el lugar más serio, el Parlamento, que esos indicios deben ser sólidos, pues de lo contrario, jamás se atrevería a hacer una acusación similar. Cabe recordar que el propio PP ha denunciado a altos cargos policiales hasta en 7 ocasiones por cuestiones relacionadas con la investigación de la trama Gurtel en un claro ejemplo de lo que este presunto partido democrático entiende como colaboración con la justicia.
Los hechos de los que hay indicios son terriblemente graves, pues se denuncia que quien ahora es nuestro Presidente cobró dinero negro de una trama de corrupción a cambio de concesiones de contratos públicos. Se trata, sin duda alguna, del crimen más espantoso que puede cometer un gobernante en la atribución de sus funciones. Obviamente estos presuntos hechos tienen unas consecuencias penales que ya veremos hasta donde llegan, pero el acúmulo de indicios y pruebas no augura nada bueno a los involucrados.
Pero lo que resulta verdaderamente terrorífico es que toda esta porquería no tenga repercusión política. Yo ya no confío en la honorabilidad de nuestra casta dirigente, pues han demostrado en innumerables ocasiones que carecen de ella. Y es que si viviéramos en un país semi-serio, el Presidente del Gobierno hubiera presentado su dimisión de manera fulminante ante acusaciones tan sólidas y graves como estas. Pero, no, aquí no dimite ni el Tato.
Y es que siendo esta ausencia de responsabilidad un asunto muy grave, no es lo más repugnante de todo. Lo peor es la ausencia de repercusión social. Si fuéramos un país medio decente o medio civilizado, nos habríamos lanzado a la calle para exigir la inmediata dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Pero no, las encuestas dan al PP como el partido con mayor intención de voto; mientras los partidos de la oposición apenas lanzan pequeños manotazos frente a esta horrible realidad, al fin y al cabo entre bomberos no se pisan la manguera.
Ahora, eso si, vemos manifestaciones de todos los colores por el absurdo problema de las banderitas. No creo que la polémica catalana haya saltado en estos momentos por casualidad, pues opino que en política, las casualidades son los padres.
Mientras sigamos en esta línea, todo está perdido. Ellos harán lo que les dé la gana, y nosotros pagaremos la cuenta de los platos rotos. Así se escribe la historia de este país que cada vez me da menos pena, pues lo que nos sucede lo tenemos bien merecido.
