La Defensora del Pueblo ha pedido a la Fiscalía General del Estado que valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal ante “la actitud no colaboradora” de once ayuntamientos que “obstaculizan” el trabajo de la institución, entre ellos El Viso de San Juan y Gerindote, en Toledo.
Esta institución recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder al Defensor del Pueblo y de remitir la información solicitada. De no hacerlo, este organismo puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Con el municipio de El Viso de San Juan, el Defensor del Pueblo mantiene dos expedientes abiertos: uno por la falta de acceso rodado a una urbanización y otro por no haber dado copia de las actas de los plenos municipales a un ciudadano que así lo había pedido.
Gerindote, por su parte, recibió el último requerimiento en abril de 2015, en relación con una queja presentada por un ciudadano a quien este Ayuntamiento no contestó a su solicitud de información por la posible concesión irregular de una licencia urbanística.
Otros municipios señalados por la oficina del Defensor del Pueblo son los de Colmenar de Oreja (Madrid), Cadaqués (Girona), Molvízar (Granada), Macael (Almería), Nerja (Málaga), Mazarrón (Murcia), La Unión (Murcia), La Pola de Gordón (León) y Barruelo de Santullán (Palencia).
