Algo más de medio centenar de personas se reunía en la tarde de este lunes en la calle San Francisco de Talavera en respuesta a la convocatoria lanzada por la Asamblea Feminista La Manada y los colectivos Voces en Malva y Marea Violeta para recordar el primer aniversario de las movilizaciones llevadas a cabo en toda España hace justo un año exigiendo un pacto de Estado contra la violencia machista.
Con ese mismo objetivo también este 7 de noviembre la geografía española ha estado salpicada de concentraciones y actos similares al llevado a cabo en la ciudad de la cerámica. Junto a integrantes de las organizaciones citadas y ciudadanos a título individual, en el caso de Talavera también se han adherido a este acto representantes municipales de PSOE y Ganemos, además de la concejal no adscrita Carmen Aceituno.
En la concentración talaverana se ha dado lectura al manifiesto elaborado para esta ocasión, un texto en el que se refleja el dato de que desde el 7 de noviembre de 2015 las víctimas de la violencia machista en España alcanza la cifra de 80 mujeres, según el portal feminicidio.net, que contabiliza todas las muertes violentas sean producidas o no por parejas o ex parejas. Mientras, la estadística oficial reduciría las víctimas mortales a 50.
Tabla reivindicativa
En el manifiesto también se ha hecho repaso a la tabla reivindicativa del ya conocido como Movimiento 7N, que parte de la necesidad de que “la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado”. También se insta al Gobierno de la Nación a que aplique los convenios internacionales y reforme la actual legislación para que se reconozcan y combatan todas las formas de violencia contra las mujeres, como las agresiones sexuales, acoso en el ámbito laboral o la trata.
Igualmente, se reclama la implicación de toda la sociedad, sus organizaciones e instituciones en el compromiso de combatir esta lacra. Al mismo tiempo, se señala la necesidad de poner el acento en la protección de las afectadas y de sus hijos e hijas, facilitándoles vías de recuperación vital, económica y social.
Por otro lado, este movimiento reclama que la prevención sea una política prioritaria que incluya ámbitos como el educativo, los medios de comunicación o la cultura.
Y en el ámbito jurídico se denuncia el crecimiento de los casos en los que la guarda y custodia compartida de los hijos es impuesta en casos en los que los maltratadores son condenados, por lo que se exige su eliminación en tales situaciones.
