El Gobierno Ramos ha aprobado una instrucción para tramitar los pagos de menor cuantía que quedan fuera de las exigencias de control marcadas por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para los abonos superiores a 18.000 euros. Con esta medida se persigue “regular y contener aún más el gasto del Ayuntamiento”, ha explicado la portavoz municipal, María Rodríguez.
Según ésta, en anteriores mandatos socialistas un buen número de facturas no tenían la correspondiente retención de crédito ni reconocido previamente el gasto, por lo que ahora se pondrá en marcha un protocolo “para evitar problemas en los pagos y facturas sin reconocer”.
De esta forma, cualquier abono municipal necesitará la reserva de crédito correspondiente y para gastos mayores de 3.000 euros se añade un decreto de autorización previo por parte del concejal y el jefe de Servicio del área.
Respuesta al PSOE
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, María Rodríguez incidía en que con este tipo de medidas también se favorece la transparencia en la gestión municipal, por lo que rechazaba las acusaciones lanzadas un día antes por parte del Grupo Socialista sobre este campo.
La portavoz aprovechaba la ocasión para denunciar por su parte que “que cuando gobernaban los socialistas estaban acostumbrados a adjudicar directamente el 80 por ciento de los contratos, incluso muchos de ellos superando el mínimo que marcaba la ley”. En contraposición, ponía como ejemplo que, incluso a la hora de acometer actuaciones subsidiarias y pequeñas obras valoradas en 900 euros, “para ajustar al máximo los precios, hacer el proceso más participativo y para no hacer lo que hacía el PSOE”, el actual Gobierno solicita previamente ofertas a varias empresas, que son seleccionadas entre las inscritas en el Registro habilitado en el Portal de Transparencia Municipal.
