El Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno, cuatro años después, al plan de recortes y ajustes que el Gobierno de Cospedal aprobó en enero de 2012. O, lo que es lo mismo, ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad que le remitió hace unos meses el Tribunal Supremo tras los recursos presentados por los sindicatos CCOO y UGT y a los que se adhirió el STAS.
Precisamente, con este plan se estableció la jornada semanal de 37,5 horas, la minoración de las retribuciones de todo el personal laboral para el ejercicio 2012 y la modificación del complemento de incapacidad laboral, entre otras cosas.
Esta decisión, además, deja en el aire la anterior que adoptó dicho Tribunal Constitucional sobre el recurso planteado por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy contra la ley que aprobó el Ejecutivo regional para el regreso a las 35 horas semanales de los empleados públicos.
