El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el presidente del Gobierno central en funciones, Mariano Rajoy, a la ley de Castilla-La Mancha por la que se reduce de 37,5 a 35 horas semanales la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta, que de esta forma queda suspendida de forma cautelar.
Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas han confirmado que esta misma mañana se ha recibido la confirmación oficial de la admisión a trámite del recurso presentado por Rajoy, a solicitud del Consejo de Ministros y a través de los servicios jurídicos del Estado. De este modo y hasta que el Constitucional se pronuncie al respecto, queda sin efecto la ley aprobada por las Cortes regionales y con vigencia desde el 1 de enero 2016, que también incluye la posibilidad de ampliar la edad de jubilación del personal funcionario más allá de los 65 años.
Según lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, ahora se abre un plazo de quince días para que la Junta, las Cortes autonómicas, el Congreso de los Diputados y el Senado puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. El acuerdo del alto tribunal establece, asimismo, que la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas semanales entrará en vigor una vez que éste sea publicado en el BOE. También advierte que la suspensión no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, así como que el Tribunal deberá levantarla o ratificarla en cinco meses, si antes no ha decidido al respecto.
Convocatoria urgente de la Mesa de Función Pública
Una vez conocida la admisión a trámite del recurso, el Gobierno regional ha convocado de urgencia para mañana miércoles, 4 de mayo, la Mesa de la Función Pública para estudiar con los sindicatos la suspensión cautelar de la ley, que afecta a alrededor de 70.000 empleados, incluido profesorado y personal sanitario. La reunión tendrá lugar a lo largo de la mañana y estará presidida por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
La portavoz regional del PSOE, Cristina Maestre, ha manifestado por su parte que “los 70.000 trabajadores de la Junta tienen que saber que ha sido el Gobierno de Rajoy, con la complicidad y el beneplácito de Cospedal y de los dirigentes del PP de la región, quien ha dado este paso en su afán de impedir que se devuelvan los derechos sociales que se perdieron con los gobiernos presididos por su partido”.
