lunes, 18 enero 2021

El futuro del Ayuntamiento de Noez, en manos del Consejo Consultivo

noez

Si el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha no decide lo contrario, el Ayuntamiento de Noez podría tener que abonar alrededor de 700.000 euros, además de los intereses correspondientes, a la constructora Promohispania Proyectos Inmobiliarios SL (PPI) por no cristalizarse distintos acuerdos urbanísticos que incluían la edificación en suelo rústico, tal y como lo dictamina una sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Toledo.

Dicha sentencia se dictó el 30 de diciembre de 2014, pero paso a ser definitiva en febrero de 2015 ante la ausencia de recurso del Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Y es que  la mencionada constructora presentó cinco reclamaciones que fueron desestimadas por el consistorio. Quizá la mas importante versa sobre la ineficacia de dos convenios urbanísticos que suscribió en 2005 y 2006 con el Ayuntamiento, por el que adelantó unos 483.000 euros. Las otras cuatro reclamaciones obedecen al desestimiento de licencias de obra vinculadas a estos convenios urbanísticos, por los que anticipó otros 215.000 euros.

PPI ya reclamó al Ayuntamiento que estas cantidades le fueran devueltas, en 2009, por la imposibilidad legal de desarrollar los acuerdos, pero la petición no se tuvo en cuenta y únicamente quedó abierta la vía judicial.
Estas decisiones tomaron cuerpo durante el gobierno de Yolanda Sánchez García, que fue alcaldesa del PSOE entre 2003 y 2015.

Esta legislatura, tomó el relevo su compañero de partido José Antonio Ruiz.

El juez ha dado la razón a PPI al considerar que su reclamación fue indebidamente rechazada por el Ayuntamiento. Y señala que en uno de los convenios se prescindió “de todo el procedimiento administrativo previsto” para su aprobación, y otro  “afectaba a terreno rústico”. Ambos casos son causas de nulidad de pleno derecho de los acuerdos y el Juzgado condena al consistorio a que “admita a trámite la petición” de la constructora de que se le devuelvan los 700.000 euros, que deberá ser dictaminada por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha antes de quedar resuelta.
El Juzgado ha solicitado al Ayuntamiento que “inicie un procedimiento de revisión de oficio de actos firmes”.

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