Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado una Proposición No de Ley conjunta de PSOE y Podemos, ante la negativa del PP, que se insta al Gobierno central a suspender la obligación de las comunidades autónomas de financiar servicios religiosos en el ámbito de los servicios públicos como la sanidad, la educación o el bienestar social.
El texto lo ha defendido José García Molina, de Podemos, que ha tranquilizado a los ciudadanos al explicar que la propuesta no busca “eliminar para quien lo desee o demande” esos servicios, sino debatir “si con el dinero público hay que pagar un servicio para una sola confesión”, sosteniendo que hay que suspender, modificar o revisar los acuerdos existentes.