Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma cuya ley electoral contempla la investidura automática de un presidente regional si ningún partido lograra, tras los comicios, la mayoría absoluta o no se alcanzara un pacto de gobierno o de investidura entre varias formaciones.
Es un caso “insólito, infrecuente”, explica en declaraciones a Efe el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Díaz Revorio, que señala que es una situación que no se ha producido nunca y que solo se contempla en la ley electoral castellanomanchega, pues antes también se incluía en otras como la de Navarra, pero ya se han reformado, por lo que la región se ha quedado “como un caso singular”.
Así, explica que si ningún partido lograra mayoría absoluta en las urnas o los partidos no alcanzaran un acuerdo de gobierno o investidura, ocurriría como en el ámbito local y quedaría investido como presidente de Castilla-La Mancha el cabeza de lista del partido que obtenga más escaños en las Cortes, una medida que permite evitar una repetición de elecciones pero que supondría que el Ejecutivo estaría en una situación de debilidad.
Proceso
Para llegar a esta investidura automática, en primer lugar se deberían constituir las Cortes regionales -el día de constitución del nuevo parlamento se incluye en la convocatoria de elecciones autonómicas- y elegir a los miembros de la Mesa de las Cortes y al presidente del parlamento regional, que es quien iniciaría la ronda de consultas con los partidos y, haría una propuesta de candidato a la Presidencia de la Junta, que es lo que se hace habitualmente.
Pero si el candidato propuesto se sometiera a votación y no lograra el apoyo mayoritario de la cámara, comenzaría un plazo de dos meses para elegir al presidente de la Junta y si transcurrido ese tiempo no se nombrara uno, quedaría investido de forma automática el cabeza de lista del partido que hubiera obtenido más escaños.
Crítica a la ‘reforma Cospedal’
En cuanto al número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, 33 según la última reforma de la ley electoral de 2014 introducida por el ‘Gobierno Cospedal’, Díaz Revorio cree que es una cifra baja, sobre todo si se tiene en cuenta que la región está compuesta por cinco provincias, por lo que puede darse una representación que no sea muy proporcional.
Así, recuerda la situación generada en las elecciones autonómicas de 2015, donde Ciudadanos obtuvo un porcentaje de votos “ligeramente inferior” que Podemos y esta última formación logró dos escaños y Ciudadanos, ninguno.
Con todo, Díaz Revorio señala que, según las encuestas conocidas hasta el momento, no se puede descartar que con esa misma ley logren representación parlamentaria cinco partidos y apunta al caso concreto de Vox, que podría tener uno o dos escaños, según los sondeos publicados.
Este experto en Derecho Constitucional indica que para contar con un sistema más proporcional, las Cortes regionales deberían contar con unos 47 ó 49 diputados regionales, porque -según argumenta- los estudiosos estiman que la proporcionalidad empieza a funcionar a partir de nueve o diez diputados por provincia, y que teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha tiene cinco provincias, “algunas tendrían más de diez y otras menos” en función de la población de cada una de ellas, pero ya serían cifras que “aseguran más la proporcionalidad”.
Sin embargo, recuerda que el Estatuto de Autonomía establece que las Cortes regionales pueden tener un máximo de 35 diputados, por lo que ofrece fórmulas que “garantizan un mayor pluralismo” sin necesidad de tener que reformar el estatuto e incluso manteniendo los 33 parlamentarios y la circunscripción provincial, contemplada en el Estatuto y en la Constitución.
Se trata de los denominados “escaños de ajuste autonómico” y que consisten en que cada provincia cuente con un número de diputados en función de su población y que, además, se reserve un número determinado de escaños para una “lista autonómica” de forma que, se repartan los diputados por provincias según sus resultados provinciales, pero que también se hiciera un “cómputo global” para estimar el peso de cada partido en la comunidad autónoma y, con ese dato, repartir los escaños de ajuste autonómico.
Pone el ejemplo de que se podrían distribuir por provincias un número de diputados y los otros, hasta 35, serían los del ajuste para hacer una distribución global autonómica, y de esos a algunos partidos les pertenecerían un diputado, dos, tres o ninguno porque ya los han obtenido por las diferentes provincias.
Díaz Revorio cree que este sistema de doble lista se podría aplicar para ofrecer una “mayor proporcionalidad”, si bien insiste en que la ley actual es legítima, según ha dictaminado el Tribunal Constitucional.
