viernes, 29 marzo 2024
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El ICA de Toledo rechaza la atención jurídica privada a víctimas del machismo

El Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Toledo ha mostrado “su total rechazo” a convenio firmado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha con la asociación AMFORMAD (Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo) para el establecimiento de un servicio de atención gratuito a víctimas de agresiones sexuales, que prestará tanto servicios psicológicos como jurídicos.

Para el Colegio, la asistencia prevista en dicho convenio ya se presta para todas la víctimas de agresiones sexuales por el Turno de Oficio, según a lo establecido en la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, y a través del convenio de colaboración firmado entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, si bien por una cuantía de 20.000 euros y no de 230.000 que va a recibir dicha asociación privada”.

En nota de prensa también señalan que “son los Colegios de Abogados, en su condición de corporaciones de derecho público, quienes tienen competencia en materia de Justicia Gratuita como se prevé en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, no pudiendo calificarse de justicia gratuita la asistencia jurídica que ofrecen determinadas asociaciones privadas que firman un convenio con otras administraciones públicas, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan para la víctima, siendo de reseñar que prácticamente la totalidad de los asuntos de agresiones sexuales que se han tramitado en los Juzgados de Castilla-La Mancha quedan amparados por el Turno de Oficio sin necesidad de que haya tramitarse a través del convenio citado”.

En definitiva, concluye el escrito, “el llustre Colegio de Abogados de Toledo rechaza el intento del Instituto de la Mujer de obviar a los Colegios de Abogados de Castilla-La Mancha, que son auténticas corporaciones de derecho público, que ejercen potestades públicas y que legalmente son los únicos que pueden prestar la asistencia jurídica gratuita, privatizando así dicha prestación bajo el falso argumento de que los profesionales del turno de violencia carecen de la especialización necesaria”.

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