El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que la convocatoria de la Mesa General para negociar la subida salarial de hasta el 1,5 por ciento para los empleados públicos no se producirá antes de negociar la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2018 en mesas sectoriales.
Ruiz Molina ha explicado que, una vez publicados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que contemplan el incremento salarial para los funcionarios, tendrá que convocar mesa general para “acordar de qué manera” se hace efectivo dicho incremento.
No obstante, ha matizado que en la mesa general no solamente tendrán que abordar con los representantes de los trabajadores el incremento retributivo sino también la relación definitiva de los acuerdos que se adoptaron en marzo y que se trasladaron a los PGE, que pasan, entre otros asuntos, por la OPE para 2018, la implementación de las 35 horas semanales y la incapacidad temporal.
Los próximos días
Por tanto, ha condicionado la convocatoria de la mesa general a la celebración “en los próximos días” y de manera previa de las mesas sectoriales de Educación, Sanidad y Administración general para negociar con los sindicatos la OPE de 2018 que deberá trasladarse posteriormente al a mesa general.
Con todo, el responsable regional de Hacienda ha señalado que “lo de menos” es que el acuerdo para la subida salarial se alcance en julio o en agosto, ya que la subida de hasta el 1,5 % tiene efecto retroactivo y se aplicará desde el 1 de enero de 2018, así como el incremento del 0,25 % desde el 1 de julio, aunque en este caso además necesita de la autorización del Consejo de Ministros porque depende del cumplimiento de los objetivos de la economía nacional.
Sin embargo, ha hecho hincapié en que lo que fijan los PGE con respecto al incremento de las retribuciones de los funcionarios es un máximo del 1,5 %, pero que en todo caso la Junta de Comunidades tendrá que negociar con los sindicatos cuál será la subida finalmente.
“Podría llegarse incluso, aunque no va a ser el caso, a no incrementar las retribuciones tal y como está redactada la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por eso es necesario sentarse con los sindicatos”, ha agregado.
Las 35 horas
En relación a la aplicación de las 35 horas, Ruiz Molina ha indicado que en primer lugar hay que modificar la Ley que fue recurrida por el Tribunal Constitucional y de manera posterior abordar la aplicación.
De todos modos, ha opinado que la jornada laboral de 35 horas afecta a sectores en los que ya está planificada la actividad de los empleados públicos hasta el 31 de diciembre y, por tanto, tendría que ponerse en marcha “a partir del 1 de enero”.
“Es imposible ponerlo en funcionamiento antes en determinados sectores porque hay una actividad planificada y genera más perjuicios que beneficios”, ha concluido.
