Las alegaciones que la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) registró a la ‘Ordenanza para la Protección de la Atmósfera frente a la contaminación por formas de la materia’ por la decisión del Gobierno Municipal de Talavera de establecer en 8 kilómetros la distancia mínima con respecto al caso urbano para poder implantar macrogranjas intensivas de porcino llevan a reactivar este affaire y vuelven a intranquilizar a la población de Gamonal, que ya mostró su malestar a través de su Plataforma Cívica por la desinformación por parte de su Ayuntamiento y el de Talavera en este proceso administrativo.
Aunque en un principio se habló de que el colectivo agrario había tumbado la ordenanza, hecho que fue desmentido al día siguiente por la portavoz del Ejecutivo talaverano, María Rodríguez, al argumentar que se había retrotraído el expediente al inicio y éste comenzaba de nuevo, ahora en esta segunda intentona sus alegaciones si han tenido recorrido y han llevado al Gobierno a recurrir a un mediador que deberá establecer cuál es la distancia que puede aplicarse tanto en esa ordenanza como en el POM, que finalmente también se decidió a modificar particalmente en este aspecto.
Para ello, hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno recurrir a la Facultad de Ciencias Ambientales para que elabore ese informe técnico que determine esa distancia, un informe que no se ha especificado si será vinculante. En tanto en cuanto se realiza, se propondrá al Pleno “la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias para la explotación intensiva de ganado porcino en el suelo rústico del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Talavera de la Reina”.
Primeras alegaciones en octubre
Cabe recordar que ya en octubre de 2017 Asaja presentó sus alegaciones sustanciadas en la falta de criterios técnicos, vicios de procedimiento y carencia de argumentación jurídica de la propuesta municipal, ya que el principal motivo esgrimido para ampliar de 1 a 8 kilómetros la distancia de las granjas al casco urbano era por “la polémica (social), sin más argumentación”.
La organización agraria entendía que lo que se pretendía era prohibir una actividad ganadera legítima sin ningún argumento objetivo, atacando así a un sector tan importante para la economía provincial como es el del porcino.
Así pues, nueve meses después de conocerse que se estaban elaborando dos informes de impacto ambiental para instalar dos granjas en la Eatim de Gamonal, el Ayuntamiento de Talavera no ha conseguido blindarse y solo la presión social y los defectos de forma de ambos proyectos que recogía la resolución emitida por la Consejería paralizaron momentáneamente esa llegada de explotaciones intensivas porcinas.
