El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha reunido hoy en Toledo a los representantes de los regantes de las cuatro cuencas hidrográficas más importantes de la región -Tajo, Guadiana, Júcar y Segura- de los que ha obtenido el compromiso para llevar una sola voz en defensa del agua y de los ríos de Castilla-La Mancha, a través de la constitución de la Federación de Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha, tras el anuncio realizado por el Gobierno de España de resucitar el trasvase el 1 de abril, y que el Gobierno regional va a recurrir.
Martínez Arroyo ha recordado que si bien la normativa permite al Gobierno central realizar un trasvase desde la cabecera del Tajo cuando el nivel de los embalses alcance los 400 hectómetros cúbicos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido todos los trasvases “los que se han hecho cumpliendo la normativa y los que se han hecho en contra de la legalidad”, como el del 1 de octubre y, “lo va a seguir haciendo”.
En este sentido, ha aseverado, “no parece moralmente aceptable que en cuanto los embalses de la cabecera del Tajo alcancen el límite mínimo permitido, lo primero que se le ocurra al Gobierno central sea llevar el agua a otras regiones para que rieguen otros agricultores, mientras, al mismo tiempo, a los castellano-manchegos se les restrinja el uso del agua, sin que haya un mecanismo para resolver su problema de sequía”.
Además, ha opinado que “es un trasvase para resolver el problema de falta de agua de otros territorios, cuando en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en el Alto Guadiana, van a tener que reducir a una tercera parte las hectáreas de regadío en la Sierra de Altomira porque aquí no se resuelve el problema en cuestiones de agua”.
“No es un problema de territorios”
El consejero ha indicado que el agua “no es un problema entre territorios”, sino de ciudadanos y “todos tienen los mismos derechos en nuestro país y todos tienen el mismo derecho de acceso al agua y cuando hablamos de agricultura, todos los agricultores deben tener los mismos derechos y lo que no puede ser es que en unas cuencas el problema sí se resuelva y en otras no se resuelva”.
Se trata, ha continuado, de que el Gobierno central “abra el diálogo de verdad, no para aprobar un trasvase, sino para planificar el agua. No tiene nada que ver un trasvase puntual con el problema de nuestro país y el reto que tenemos delante que tiene que garantizar el futuro también, entre otros lugares, de esta tierra”.
Según el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, “no puede haber discriminaciones entre agricultores, como no puede haberlas entre territorios y como no puede haberla entre ciudadanos”, apuntando que “estamos en una situación muy grave que requiere del compromiso de todos”.
De esta forma, ha reiterado la necesidad de un pacto de Estado por el agua, pero con “sentido común, que nos represente a todos, los de Castilla-La Mancha y los de todos los ciudadanos del país”.
Esta posición ha sido compartida con los regantes que han asistido a la reunión y que representan a la Comunidad de Regantes Mancha Occidental I, Mancha Occidental II, Altomira y Rus-Valdelobos, de la cuenca del Guadiana; Comunidad de Regantes Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar y Canal Bajo del Alberche, de la cuenca del Tajo; Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, del Júcar; y Plataforma de Usuarios y Regantes de la Cabecera, del Segura.
