El Consejo de Ministros ha acordado –en su última reunión- interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley Antifracking –que entró en vigor el pasado mes de abril-, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos.
La Ley Antifracking fue una promesa de García-Page durante la campaña electoral como respuesta a las amplias movilizaciones ciudadanas en Guadalajara y en el Campo de Montiel. Y haa sido una normativa de las primeras normas en ponerse en marcha en la presente legislatura, con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP.
El contenido de la ley ha seguido las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea y se realizó junto con las Plataformas Antifracking de Castilla-La Mancha bajo el objetivo de apostar por el desarrollo sostenible.
El Gobierno de Rajoy ya recurrió ante el Tribunal Constitucional las leyes similares que se aprobaron en Catalunya, La Rioja y Cantabria, tumbadas por atribuirse competencias que corresponden al Estado, como la regulación energética o de hidrocarburos.
Por esto, el Ejecutivo autonómico elaboró una ley que pudiera regatear a este recurso, por lo que, no la prohibición de la fractura hidráulica, sino varios condicionantes ambiental, que sí son competencia autonómica y que hacen prácticamente imposible ‘de facto’ la aprobación de estos proyectos de extracción.
