La nueva Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha será presentada el próximo otoño y garantizará “en términos razonables” el acceso a una vivienda digna a las personas que más lo necesitan, facilitará “al máximo posible” las cooperativas de viviendas “bien entendidas” al amparo de los ayuntamientos “para que, cuando se construyan, atiendan a una demanda de verdad” e incluirá medidas contra la especulación.
El presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado que el Gobierno regional estudiará la posible aplicación de “un impuesto o tasa especial” para aquellos que acumulan viviendas con la finalidad de especular, “evitando que quienes las necesitan puedan acceder a ellas”, además de suponer un sobrecoste añadido para la sociedad.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha abogado por “establecer controles” a nivel estatal y así estar vacunados para “burbujas” como la inmobiliaria y, consecuentemente, aportar seguridad a las generaciones venideras a la hora de acceder a una vivienda digna.
Un derecho que, tal y como ha recordado García-Page, viene recogido como tal en la Constitución de 1978 y que, sin embargo, en los años de “vacas gordas”, cuando en España se construían más viviendas que en el resto del mundo, ha sido objeto de “especulación y mucho fraude”.
Por ello, el presidente regional ha apostado por que aquellas viviendas que no terminan de salir al mercado, sean destinadas “a las personas que más lo necesitan” y ha lamentado cómo, en los peores años de la crisis, se ha permitido que “haya un millón de viviendas vacías” mientras se producían desahucios a diario y que las entidades “que han abusado” con el mercado inmobiliario se hayan “ido de rositas” permitiendo la creación de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), o“banco malo”, para darles salida.
