La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha informado sobre el nuevo decreto de medidas del que tomaba ayer conocimiento el Consejo de Gobierno que preside Emiliano García-Page y que pretenden facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública. Según ha explicado la consejera, el Decreto se aprobará con carácter definitivo entre abril y mayo.
De la Cruz ha indicado que la región cuenta con un importante número de viviendas protegidas de primera transmisión que fueron ejecutadas por promotores para su venta pero que no encuentran comprador final, fundamentalmente debido a la desaparición de las ayudas de que antes gozaban este tipo de viviendas tanto para su ejecución como para su venta y que fueron suprimidas en la anterior legislatura, así como en las dificultades de acceso al crédito hipotecario en los últimos años para muchos ciudadanos. El nuevo decreto sigue la senda de la normativa estatal para que aproximadamente 2.000 viviendas que componen el stock prolongado de viviendas protegidas en toda Castilla-La Mancha puedan encontrar un uso.
Por ello, este proyecto normativo establece mecanismos que facilitan el acceso a la vivienda protegida a determinados colectivos, algunos especialmente sensibles como los mayores de 65 años o desfavorecidos como las víctimas de violencia de género, que siguen demandando vivienda protegida, consiguiendo además que encuentren comprador final y evitando que queden desocupadas por un tiempo prolongado, algo que además produce un deterioro irreversible de los inmuebles.
El nuevo Decreto del Gobierno regional actúa en un doble ámbito. Por un lado, hace referencia a las viviendas de protección oficial, reduciendo los requisitos personales que se les venía requiriendo a los posibles adquirentes. Esto posibilitará que acceda a dichas unidades un mayor número de personas, en particular aquellos que tienen una necesidad de vivienda en un ámbito geográfico distinto del de origen, bien sea por motivos laborales, familiares, de salud o de otra naturaleza.
