El juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Toledo ha obligado al Ayuntamiento de Carranque a permitir la grabación de los plenos a los concejales de la oposición, después de que, en las sesiones plenarias del 8 y el 25 de agosto, el alcalde Javier Martín Manglano obligara a apagar la videocámara que portaban los concejales del Partido Popular y sus compañeros para grabar el pleno, con objeto de difundir los debates, según denuncia el Partido Popular.
Y es que Amelia Guzmán, Susana Muñoz y Jorge Novillo, concejales del PP, interpusieron, en septiembre de 2016, una demanda en dicho juzgado, por vulneración de derechos fundamentales, pues los ediles populares consideraron contrarias a la Constitución Española estas prácticas del alcalde de Carranque.
Además del alcalde –único edil de una marca de Podemos-,