El Tribunal Supremo ha reconocido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el carácter de “interesada” en los expedientes administrativos sobre concesiones de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura. Y es que la sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima un recurso de la Junta y anula la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura –de 24 de noviembre de 2009- que informaba al Gobierno regional que no podía personarse como interesada en esos procedimientos de concesiones de aguas por no tener derecho subjetivo ni interés legítimo, que pueda verse afectado por las resoluciones de concesión entre regantes de la cuenca receptora, que se adopten sobre volúmenes ya trasvasados.
Esta sentencia también anula la del Tribunal Superior de Justicia de Murcia –de junio de 2014- que avaló el acuerdo de la Confederación Hidrográfica. Además, recuerda, que el año 2008, la indicada Confederación comenzó la tramitación de más de sesenta expedientes de concesiones para riego de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura referidas a los territorio de Alicante, Almería y Murcia.
El Tribunal Supremo defiende que la comunidad autónoma por la que discurren las aguas antes del trasvase –en este caso Castilla-La Mancha- tiene un “interés legítimo en el uso que se haga de las mismas una vez trasvasadas, toda vez que el compromiso de dichas aguas, y su destino para el uso racional, determina e incide en dicha en dicha unidad de cuenca y compromete y condiciona futuros trasvases”.
Este mismo tribunal indica también que se trata de cuencas que transcurren por más de una comunidad autónoma, lo que significa que son competencia del Estado, pero de las que, naturalmente, no pueden desentenderse de las comunidades autónomas por las que discurre el recurso hídrico.
