La Plataforma contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) ha registrado en la Subdelegación del Gobierno de la localidad conquense un escrito en el que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la adjudicación de cinco contratos por valor de 36,99 millones de euros desde Enresa a la empresa Iberinco.
La Plataforma sugiere que María Dolores de Cospedal, expresidenta regional, y Francisco Gil Ortega, exalcalde de Ciudad Real y expresidente de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), “podrían haber incurrido en varios delitos penales como malversación de fondos públicos y tráficos de influencias”.
“El importe de estos contratos corresponde a más de dos tercios del dinero que Enresa ha adjudicado para el proyecto del ATC, que han ido a parar a Iberinco, bien directamente, o bien a través de empresas como GHESA o Empresarios Agrupados, en las que tiene una importante participación accionarial”, denuncia Carlos Villeta, portavoz de la Plataforma.
Villeta considera que “puede haber un claro tráfico de influencias por parte de Cospedal, que es mujer de Ignacio López del Hierro, que está en el consejo de administración de Iberinco. Según todos los indicios, además forzó a que se nombrara a Gil Ortrega como presidente de Enresa, ya que estaba muy interesada en que su hombre de confianza estuviera al frente”.
Numerosos indicios
La petición que la Plataforma ha elevado a Anticorrupción está apoyada en dieciocho documentos, en los que, a su juicio, se pone de manifiesto una “vinculación muy cercana y sincronizada en el tiempo” entre la entrada de López del Hierrro a Iberinco. Villeta dice que “no es casualidad que justo en el momento en que López del Hierro deja las empresas inmobiliarias y entra en una empresa muy vinculada a cuestiones nucleares se produzca el nombramiento de Gil Ortega al frente de Enresa, una persona muy cercana a María Dolores de Cospedal.
La Plataforma admite que “no tiene constancia documental de cómo se gestionó el proceso, pero ha habido falta de transparencia, al respecto, porque no hemos tenido acceso a documentos en los que aparezca la puntuación o los intervinientes en las actas de esas adjudicaciones, que hemos pedido tanto a Enresa como al Ministerio de Industria”.
Para Villeta existen “indicios claros de irregularidades en asuntos como el cese del presidente de Enresa o el despido del auditor interno, tras un informe muy negativo, así como una serie de dimisiones en cadena dentro de Enresa; lo que significa que no se estaban haciendo bien las cosas”.
